DENOMINACIÓN OFICIAL

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En el marco de la ciberdelincuencia. 

Guí­a práctica para requerir información a proveedores internacionales de servicios de internet

Boletín Informativo N °01: "La conservación de datos informáticos, el uso de las Redes Internacionales 24/7 y G7, y la solicitud de asistencia judicial internacional en el marco de la ciberdelincuencia"

En el marco del traslado de condenado

Cartilla de información para personas extranjeras condenadas en el Perú que deseen ser trasladadas a su paí­s de origen o arraigo

Cartilla de información para peruanos condenados en el extranjero que deseen ser trasladados para cumplir su condena en el Perú

REDES DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos se encuentra conformada por 22 Ministerios Públicos y Fiscalí­as de Iberoamérica, las cuales son: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos Mexicanos, Panamá¡, Perú, República Dominicana, República Bolivariana de Venezuela, España, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Portugal y Uruguay.

Dentro de sus principales objetivos se encuentran estrechar los ví­nculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional recí­procos entre los Ministerios Públicos miembros, para lo cual crearon 7 redes permanentes y 06b subgrupos de trabajo.

Mediante Resolución de Fiscalí­a de la Nación N° 1215-2020-MP-FN, de fecha 02 de noviembre de 2020, se designaron a los siguientes puntos de contacto:

RED IBEROAMERICANA DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL (IBERRED)

La red Iberoamericana de Cooperación Jurí­dica Internacional (en adelante, IberRed), es una estructura formada por Autoridades Centrales y por puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalís y Ministerios Públicos, y Poderes Judiciales. Los paí­ses miembros son los siguientes: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Forma parte también Puerto Rico.

A través de la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1491-2020-MP-FN, del 30 de diciembre de 2020, se designaron a los siguientes puntos de contacto:

RED 24/7 DEL CONVENIO DE BUDAPEST

Ante la entrada en vigor en el Perú del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, instrumento multilateral especí­fico sobre la materia y que se encuentra en vigor en 65 Estados Parte y en virtud de lo estipulado en su artí­culo 35, que establece que Cada Parte designará un punto de contacto localizable las 24 horas del día, siete dí­as a la semana, con el fin de garantizar una asistencia inmediata para investigaciones relativas a delitos vinculados a sistemas y datos informáticos, o para obtener las pruebas en formato electrónico de un delito, asistencia que comprenderán asesoramiento téccnico; conservación de datos, de conformidad con los artí­culos 29 y 30 del Convenio, obtención de pruebas, suministro de información de cará¡cter jurídico y localización de sospechosos.

Mediante Resolución de Fiscalí­a de la Nación N° 920-2020-MP-FN, de fecha 25 de agosto de 2020, se designaron a los siguientes puntos de contacto:

RED DE CRÍMENES DE ALTA TECNOLOGÍA G7

Los delitos de alta tecnología plantean nuevos desafíos para las fuerzas del orden. En las investigaciones que involucran redes de computadoras, a menudo es importante que los investigadores con conocimientos técnicos efectúen como estrategia inicial de investigación la conservación de datos y utilicen los medios tecnológicos necesarios para localizar los sospechosos. Por lo tanto, para mejorar y complementar (pero no reemplazar) los métodos tradicionales de obtener asistencia, el G8 creó un nuevo mecanismo para agilizar los contactos, siendo que actualmente la RED cuenta con funcionarios de 90 países.

Para utilizar esta red, los agentes del orden público que busquen asistencia de un participante extranjero pueden comunicarse con el punto de contacto de 24 horas en su propio Estado, y este individuo o entidad, si corresponde, se comunicará con su contraparte en el Estado extranjero. En el caso del Perú, la Autoridad Central ha sido consignada como punto para establecer comunicaciones.

La fase de investigación e indagación tiene por objeto establecer la existencia de activos en el exterior, su localización es el primer paso para adoptar medidas preventivas y definitivas sobre ellos, por lo que resulta necesario acudir a los mecanismos informales de la cooperación internacional. Estos mecanismos permiten el intercambio de información, ya sea en un proceso de decomiso con condena o un decomiso sin condena. Poseen un rol fundamental en la recuperación de activos, lo que ha dado origen a la creación de plataformas virtuales (redes) que generan espacios de intercambio de informaciión entre puntos de contactos que coadyuven en las investigaciones. Las redes de intercambio de información que pueden ser empleados en los procesos de recuperación de activos son:

	Fue creada en 2011, y está conformada por los 16 paí­ses miembros de GAFILAT, de la cual forma parte el Perú, su finalidad es facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilí­citas, a través del intercambio de información entre los puntos focales designados por cada paí­s. En el Ministerio Público, el punto de contacto recae en la Coordinación Nacional de las Fiscalí­as Especializadas en Delitos de Lavados de Activos y Pérdida de Dominio.
	Es una red informal, conformada por 150 Unidades de Inteligencia Financiera de diferentes jurisdicciones del mundo, cuyo objetivo es fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas, a través de la Red Segura de Egmont- ESW), para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En el Perú, el punto de contacto se encuentra adscrito al Departamento de Analísis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera SBS.
	La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) está conformada por 22 paí­ses, incluido el Perú. Promueve la comunicación constante y directa entre los puntos de contacto designados, sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales que desarrollan la cooperación judicial internacional, con el fin de intercambiar información Útil para las investigaciones y promover el trabajo conjunto. Está conformada por 07 redes permanentes, estas son: Red contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) Red sobre Ciberdelincuencia (CiberRed), Red de Fiscales Antidrogas (RFAI), Red de Fiscales contra la Corrupción, Red en Materia Ambiental, Red Especializada en Temas de Género (REG), Red de Cooperación Penal Internacional (REDCOOP).  Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N°1215-2020-MP-FN se designará a los siguientes puntos de contacto del Ministerio Público en las redes de AIAMP: REDES PERMANENTES DE LA IAMP PUNTOS DE CONTACTO CORREO Trata de Personas y Trá¡fico Ilícito de Migrantes  Rosario López Wong  rwong@mpfn.gob.pe Fiscales Antidrogas  Isabel Galván Calle  igalvan@mpfn.gob.pe Cooperación internacional   Rocí­o Gala Gálvez  rgala@mpfn.gob.pe Contra la Corrup-ción Omar Tello Rosales  otello@mpfn.gob.pe   Delitos Ambientales  Flor Vega Zapata  fvega@mpfn.gob.pe  Ciberdelincuencia     Aurora Castillo Fuerman  acastillo@mpfn.gob.pe  Temas de Género    Kelly Calderón Pérez  kcalderon@mpfn.gob.pe   Grupo de Trabajo sobre Extinción de Dominio y Decomiso: El Grupo se constituye con el fin de promover la cooperación mutua a través del intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas; brindar herramientas a los actores judiciales a través del fortalecimiento de sus capacidades; incentivar la comunicación constante o directa entre los puntos de contacto designados; y promover la mejora y utilización de los instrumentos internacionales bilaterales, multilaterales y/o regionales; así­ como la utilización de las técnicas especiales de investigación, cuando se requiera.  Asimismo, la AIAMP cuenta con 06 de grupos de trabajo, entre ellos tenemos los relacionados a la RR.AA.   Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y Economía Criminal: El Grupo de Trabajo tiene como objetivo facilitar el intercambio de información y las buenas prácticas en la investigación de los delitos de Lavado de Activos; así­ como, establecer estrategias conjuntas frente a estos delitos que, por su naturaleza, tienen un componente transnacional.

	Está conformada por Autoridades Centrales y por puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos, y Poderes Judiciales de los 22 paí­ses, que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones, del cual es parte el Perú. En el Ministerio Público, los puntos de contacto para IBERED son: ENLACES PUNTOS DE CONTACTO CORREO  Coordinadora Nacional  Rocí­o Gala Galvez rgala@mpfn.gob.pe  Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos Raúl Ernesto Martí­nez Huamán  rmartinez@mpfn.gob.pe  Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada   Mariella Angie  Navarrete Gasco  mnavarrete@mpfn.gob.pe  Fiscalí­as Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios Karla Mercedes Zecenarro Monge  kzecenarro@mpfn.gob.pe
	La Oficina Regional de Enlace de Inteligencia, RILO (Regional Intelligence Liaison Office), es una red mundial para el intercambio de información entre las Aduanas de todo el mundo, maneja datos relacionados con las actividades ilí-citas relativas a materias aduaneras y opera bajo el marco de la OMA (Organización Mundial de Aduanas). RILO se distribuye al alrededor del mundo en 10 puntos regionales  en Asia: con oficina en China,  en Europa: con oficina en Alemania, en Sudamérica: con oficina en Chile. También existen oficinas RILO en Arabia Saudita, Kenya, Senegal, Marruecos, Polonia, Federación Rusa. En cada una de las regiones, existen puntos nacionales de contacto. En Perú el punto de contacto reace en la Jefatura de la División de Inteligencia Aduanera de la SUNAT.
	Para proceder con un pedido formal de cooperación a través de la Autoridad Central (UCJIE), es recomendable hacer uso de las redes de intercambio de información, a efectos de identificar la información que se pretende recabar, ví­a asistencia judicial internacional, a fin de que el resultado de ese pedido sea incorporado al caso. Tanto más, si se tiene en cuenta que por lo general los paí­ses que tienen la condición de paraí­sos fiscales, donde se encuentran los activos producto del delito, no aceptan pedidos de cooperación que impliquen fishingexpedition (expedición de pesca).

Casos Emblemáticos

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO  

a)         Caso “Vladimiro Montesinos Torres – MIG 19”

(Expediente N°7853-2000)

En el año 2000, en el contexto de las investigaciones penales seguidas contra el expresidente Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos Torres, por los hechos de corrupción ocurridos en los años 90; la fiscalía peruana, mediante Carta Rogatoria Internacional, solicitó a las autoridades competentes de Luxemburgo la inmovilización de las cuentas bancarias abiertas por las estructuras jurídicas “The Blue Ridge Trust” y “The Hudson Trust”. En estas cuentas, se encontraba depositado el dinero producto del pago de comisiones ilícitas en las transacciones para la compra de armas y pertrechos militares para las fuerzas armadas – aviones MIG-29 y Sukoi 25 - y cuyo beneficiario efectivo era Montesinos Torres. La Juez de Instrucción del Tribunal del Distrito de Luxemburgo, con fecha 06 de abril del 2002, ordenó la incautación de los activos encontrados en las cuentas antes mencionadas.

Las acciones para la repatriación del dinero estuvieron paralizadas por casi diez años, hasta que la autoridad judicial competente, el 21 de agosto del 2012, solicitó asistencia judicial internacional a las autoridades de Luxemburgo para dicho fin. La Autoridad Central de este país observa el pedido efectuado, en razón de la no existencia de un pronunciamiento firme por parte de la autoridad peruana respecto del decomiso de las cuentas.

De esta manera, el 30 de abril del 2015, el Juzgado Penal Transitorio Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios y de Propiedad Intelectual Supraprovincial de Lima y Callao emite la resolución que contuvo la orden de decomiso de las cuentas antes mencionada. Tanto en la mencionada resolución como en la sentencia expedida por la Primera Sala Penal Liquidadora, se resolvió declarando el decomiso definitivo a favor del Estado peruano, de dinero, haberes y saldos de las cuentas a nombre de las estructuras The Blue Ridge Trust y The Hudson Trust. Ambas sentencias fueron enviadas, mediante el procedimiento de exequatur, a las autoridades competentes de Luxemburgo, a fin que estas sean ejecutadas.

Mediante decisión del 09 de junio del 2016, las autoridades de Luxemburgo resolvieron a favor del Estado peruano, ordenando la ejecución del decomiso en Luxemburgo y transfiriendo los activos al Estado peruano. Sin embargo, la defensa legal de Montesinos presentó una apelación contra la decisión. Posteriormente, el 04 de abril del 2017, el Tribunal de Apelación falló confirmando la sentencia de primera instancia. Montesinos Torres interpuso un recurso de casación en fecha 03 de mayo de 2017, siendo rechazada por el Tribunal de Casación el 23 de noviembre de 2017; por lo que, la sentencia del Tribunal de Apelación es definitiva. Actualmente, los activos se encuentran en etapa de restitución.

b)        “Caso Marco Ibárcena Dworzak - Southland Securities”

 (Expediente N° 2755-2017)

Antonio Américo Ibárcena Amico, ex Almirante de la Marina de Guerra del Perú, estuvo relacionado con la organización criminal dirigida por Fujimori – Montesinos en la década de 1990. En el proceso penal seguido contra el ex Almirante, se constató que recibió pagos por concepto de sobornos por parte de las empresas a quienes adjudicó contratos durante su gestión. Este dinero fue depositado en dos cuentas abiertas en la banca extranjera. La primera de ellas, a nombre de la Fundación San Benito, abierta en el Banco UBS de Luxemburgo, y cuya beneficiaria final es Marcela Dworzak de Ibárcena. La segunda cuenta, a nombre de Southland Securities INC, abierta en el Banco Prudential Bache International Bank Limited de Luxemburgo, y cuyo beneficiario final es Marco Antonio Ibárcena Dworzak. Ambos beneficiarios finales son la cónyuge e hijo del ex Almirante, respectivamente.

Ante tal situación, el Ministerio Público abrió investigación contra Marco Antonio Ibárcena Dworzak por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavados de activos, esta investigación no ha podido concluir, debido a que el imputado tiene la condición de reo contumaz y se encuentra prófugo de la justicia peruana. Ante el impedimento legal de continuar con el proceso penal, el 06 de octubre del 2016, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició investigación preliminar de pérdida de dominio respecto de las dos cuentas antes mencionadas.

Una de las principales diligencias que se llevaron a cabo, dentro de la investigación, tuvo lugar el 17 de octubre del 2016 cuando, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, la Fiscalía cursó una solicitud de Asistencia Judicial Internacional a las autoridades competentes de Luxemburgo, con la finalidad de solicitar el congelamiento de las cuentas bancarias investigadas.

El 27 de mayo de 2019, el Ministerio Público del Perú obtuvo el decomiso de la cuenta bancaria de la offshore Southland Securities Inc. que se encontraba incautada en Luxemburgo desde inicio del año 2000. La decisión judicial emitida por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en Lima estableció que la cuenta le perteneció a Américo Ibárcena, ex Almirante de la Marina de Guerra del Perú, y que fue utilizada para disimular las comisiones ilícitas que el ex Almirante recibió de empresas extranjeras vendedoras de armas; además, determinó que el beneficiario final de la cuenta era el hijo del marino, Marco Antonio Ibárcena Dworzak. Esta decisión constituye la primera sentencia desde que se aprobara el Subsistema de Extinción de Dominio en el Perú.

El 30 de abril de 2021, El Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Sala Decimonovena, competente en materia penal declaró ejecutable en el Gran Ducado de Luxemburgo la sentencia de decomiso, dictada el 27 de mayo de 2019 por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en Lima; en ese sentido, declaró fundada la solicitud de decomiso de los derechos de propiedad relativos a los fondos, activos, saldos e intereses de la cuenta bancaria N°52433, abierta en el Banco Prudential Bache International Bank Limited de Luxemburgo a nombre de Southland Securities Inc., cuyo beneficiario final es Marco Antonio Ibárcena Dworzak.

c)  “Caso James Stone Cohen”

(C.C.E. N°01-03)

James Stone fue un traficante de armas vinculado a la organización criminal dirigida por el expresidente Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos Torres, y que estuvo involucrado en la venta de armamento al Estado peruano en los años 90. Es decir, participó como intermediario y facilitador - a través de empresas controladas por él - de los acuerdos comerciales colusorios en los que se pagaron comisiones ilícitas.

El 25 de junio de 2005, Stone suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en delitos contra la administración pública,  aprobado por el Quinto Juzgado Penal Especial el 14 de octubre de 2005. Conforme a los términos del acuerdo de colaboración eficaz, Stone asumió la responsabilidad penal en los delitos de cohecho propio e impropio, enriquecimiento ilícito, colusión desleal, asociación ilícita para delinquir, corrupción activa de funcionarios, peculado en calidad de cómplice, organización criminal entre otros.

Posteriormente, a través de la Resolución N°16 de fecha 22 de octubre de 2018, emitida por el Cuarto Juzgado Penal para Procesos con Reos de Lima, se ordenó la ejecución vía decomiso y adjudicación, a favor del Estado peruano de los derechos de propiedad relativos a los fondos, activos, saldos e intereses de la cuenta bancaria N°152279, abierta en el Union Bancaire Privée de Luxemburgo, a nombre de James Stone Cohen, por un monto total de USD 1 009 623.64.

A través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, el Juzgado cursó una solicitud de Asistencia Judicial Internacional a las autoridades competentes de Luxemburgo, con la finalidad de solicitar el decomiso de la cuenta bancaria antes mencionada. Actualmente, los fondos se encuentran en proceso de restitución.

CONFEDERACIÓN SUIZA   

d)    “Caso Rusos”

Yuri Khozyainov fue representante de la empresa Rosvooruzheine de Moscú, dedicaba a la venta de armas y vinculada con la organización criminal Fujimori Montesinos durante los años 90.

 De acuerdo con los actos de investigación, el 04 de julio del 1998, el Estado peruano suscribió el contrato RV/86011131003 con la Compañía Estatal Rosvooruzheine de Moscú, representada por Yuri Khozyainov; y cuyo Director General era Evgeny Ananev, para la adquisición de 03 aviones MIG 29-SE por el precio total de USD 117 388,118.78. Asimismo, en julio de 1998, el Estado peruano suscribió el contrato RV/860411131001 con la misma empresa para suministrar materiales con fines de explotación y mantenimiento de las naves de fabricación rusa del Ministerio de Defensa peruano.

Conforme a la sentencia anticipada recaída contra Vladimiro Montesinos Torres por el delito de colusión, quedó acreditado que producto del contrato de compraventa y sus adendas, se realizaron pagos ilícitos por la suma de USD 35.4 millones en la adquisición de los referidos aviones, dinero que fue repartido entre los funcionarios peruanos y representantes de la Compañía Estatal Rosvooruzheine.

Mediante Disposición N°01 de fecha 28 de agosto de 2014, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios resuelve iniciar investigación preliminar en el proceso de pérdida de dominio respecto a la cuenta bancaria N°08-06521.1, abierta en el Credit Lyonnais S.A. (Credit Agricole) a nombre de Yuri Khozyainov y Lioubov Khoziainova, por el monto total de USD 930,185.08 más intereses. La demanda de pérdida de dominio fue interpuesta, a pesar de no haberse dictado sentencia en contra de Khoziainova, en mérito a su calidad de reo ausente en el proceso penal – Expediente N°69-2001– por el delito de colusión desleal en agravio del Estado peruano.

Mediante sentencia de pérdida de dominio de fecha 23 de febrero de 2016, el Juzgado Penal Transitorio Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios, Propiedad Intelectual y para procesos de Pérdida de Dominio Supraprovincial Lima - Callao declaró fundada la demanda de pérdida de dominio de la cuenta N°08-06521-16512 (Cuenta Picture), abierta el 11 de mayo de 1999 en el Credit Lyonnais S.A (Credit Agricole) de Zúrich, a nombre de Yuri Khonstantivich Khozyainov y Lioubov Khoziainova. Posteriormente, a través de la Resolución N°34 del 10 de marzo de 2016, se declara consentida la sentencia de pérdida de dominio de la cuenta Picture.

En ese sentido, mediante carta N°2686-2016-MP-FN-UCJIE (AJI N°459-16) la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones remitió al Departamento Federal de Justicia y Policía de la Confederación Helvética la solicitud de exequatur de sentencia de pérdida de dominio del 11 de abril de 2016.

El Departamento de Justicia y Policía de la Confederación Helvética, mediante carta de fecha 10 de octubre de 2016, informó al Ministerio Público sobre la apelación presentada por la defensa de Yuri Khozyainov ante la Corte Penal Federal. Esta apelación fue resuelta el 30 de enero de 2017, convalidando la sentencia de pérdida de dominio enviada por las autoridades peruanas, y quedando sujeto a ejecución. En la actualidad, los bienes se encuentran en proceso de repatriación.

Áreaa de Recuperación de Activos del Exterior                                                              

¿A qué se denomina activos?

El derecho nacional no dispone de una definición de activos. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), que constituye derecho nacional, define el concepto de bien (de origen criminal) de la siguiente manera: “Se entenderá por bienes a los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y a los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos”. Por otra parte, el derecho nacional dispone de varias aproximaciones sobre esta noción que merecen ser señaladas:

-          La clasificación de bienes en el derecho nacional (penal y de la extinción de dominio) se realiza en torno a las nociones de objeto, instrumento, efecto o ganancia del delito (Art. 102 del Código Penal)

-          En el Código Civil, se enumeran y clasifican los bienes en muebles e inmuebles (Art. 885 -886)

¿Qué es la Recuperación de activos?

La recuperación de activos es entendida como un proceso legal de carácter internacional, que pone en relación a los Estados soberanos y que hace intervenir a diferentes instituciones judiciales y gobernativas en un contexto internacional, con el propósito de recuperar los activos ilícitos. Este proceso jurídico consta de cuatro fases y en el Perú existen dos modalidades para recuperar dichos activos.

Son cuatro las fases que existen en el proceso de recuperación de activos ubicados en el exterior.

• La primera fase tiene por objeto identificar o localizar los activos ubicados en el exterior, siguiendo la ruta del dinero, empleando diversos mecanismos de cooperación como la informal (redes de intercambio de información) y la formal (solicitudes de asistencia judicial). En esta etapa intervienen autoridades como: la Policía Nacional del Perú (PNP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público (MP), a través de sus fiscalías especializadas y como Autoridad Central la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE).

 

• En la segunda fase se incautan los activos, intervienen autoridades como: Ministerio Público y Poder Judicial, esta etapa es conocida también como bloqueo de activos, tiene por objeto impedir la disipación, movimiento o destrucción de los activos ilícitos. Se trata de una medida cautelar de carácter temporal que afecta la posesión de los activos.

 

• La tercera fase es donde procede el decomiso de los activos, es la etapa judicial donde opera concretamente la recuperación desde el punto de vista jurídico, puesto que el decomiso es ordenado por un juez al término de un proceso judicial (decomiso penal o decomiso sin condena-Extinción de Dominio).

 

• La cuarta fase es donde cabe la restitución o disposición de los activos, es la etapa final del proceso de recuperación de activos, en la que la decisión de decomiso se ejecuta y los activos decomisados se restituyen al Estado víctima o requirente.  Esta decisión definitiva afecta la propiedad (titularidad) y en consecuencia tiene un efecto traslativo de la misma al Estado requirente.