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Expedientes fiscales
Ministerio Público logra prisión preventiva para policía
20-Jul-2015
Juez admitió convincentes fundamentos de la Fiscalía Anticorrupción. Imputado es acusado por presunto delito de cohecho pasivo.

(AF, 20 de julio de 2015).- El Ministerio Público de esta localidad, en audiencia pública, logró que el Juzgado en lo Penal ordene nueve meses de prisión preventiva para el  sub oficial PNP, Cornelio Rodolfo Torres Guillén (52), investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el presunto delito de cohecho pasivo, que habría cometido durante sus funciones como miembro de la Policía Nacional del Perú.

En la audiencia pública, la fiscal adjunta provincial, Luz Alejandra Llamosas Martínez logró acreditar la existencia de graves y fundados elementos de convicción que dan cuenta de la comisión de los hechos, los cuales fueron admitidos por el Juzgado por la existencia de suficientes pruebas que comprometen al SO-PNP Torres Guillén, quien habría pedido la suma de 120 nuevos soles y que luego se habría materializado en 80 nuevos soles a cambio de no ingresar  una denuncia sobre el hurto de un automóvil y para “borrar” una orden de captura  que supuestamente existía sobre dicho vehículo.

El sub oficial fue intervenido el pasado 13 de julio, tras un operativo puesto en marcha por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios donde participaron la fiscal provincial Marita Cueva Ojeda y las fiscales adjuntas provinciales Roxana Flores Gonzales y Luz Alejandra Llamosas Martínez.

Ante los fundamentos planteados y sustentados por el representante del Ministerio Público, el juzgado consideró la tipificación del delito como cohecho pasivo, delito que supera la prognosis de pena, ya que el artículo 393 del Código Penal establece para este delito una pena de 6 a 8 años de prisión efectiva.

Asimismo, para la admisión de la prisión preventiva, la Fiscalía logró acreditar la falta de arraigo familiar del imputado ya que no convive con su familia; igualmente, estableció que no tiene arraigo laboral al haber hecho mal uso de sus funciones policiales, por lo que sería dado de baja de la PNP y que dada su labor extra como taxista, existe el peligro de fuga.

Por estas razones, el Juez José Málaga Pérez; declaró fundado el pedido de prisión preventiva fundamentado por la Fiscalía y ordenó nueve meses de internamiento en el penal de Socabaya y fue puesto a disposición de las autoridades penitenciarias pertinentes.

MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN
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