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Fiscal de la Nación solicitó a Poder Judicial realizar pleno casatorio que defina regulación del delito de lavado de activos
06-Sep-2017
Mediante documento dirigido al presidente de dicho organismo, en el que señala que sentencia vulnera compromisos internacionales y genera impunidad.

(AFN, Lima, 6 de setiembre de 2017).- El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, solicitó la realización de un Pleno Casatorio de Jueces en lo Penal de la Corte Suprema, para analizar la preocupación surgida en el Ministerio Público frente a la decisión del Poder Judicial de crear nueva jurisprudencia en torno a la investigación de los casos de lavado de activos. 

El pedido del titular del Ministerio Público fue dirigido al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, a quien transmitió el pronunciamiento hecho por los fiscales del subsistema de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en relación a la sentencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del último 8 de agosto, que establece la necesidad de acreditar el delito fuente que conlleva al lavado de activos. 

En el documento, el doctor Sánchez Velarde advirtió que la aplicación de dicha sentencia, que crea nueva jurisprudencia en los casos de lavado de activos, constituye un “instrumento generador de impunidad” pues conllevará al archivo de procesos e investigaciones en los que no se pueda acreditar el delito previo o la actividad criminal generadora de ganancias ilícitas. Asimismo, precisa que la sentencia es vinculante, es decir que su cumplimiento es obligatorio por todos los jueces del país por lo que es indispensable realizar un pleno casatorio de todos los jueces supremos penales. 

Además, el titular del Ministerio Público indicó que la decisión de la Corte Suprema vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano en las convenciones de las Naciones Unidas de Viena y Palermo, así como en el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud); y en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD). 

Asimismo, el titular del Ministerio Público precisó que la sentencia de la Corte Suprema se contradice a criterios anteriores establecidos por esa misma instancia. 

El documento va acompañado de la opinión de los fiscales especializados en delito de lavado de activos y pérdida de dominio de los distritos fiscales de Arequipa, El Santa, Lima y Puno, quienes el pasado 17 de agosto emitieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron la decisión de la Corte Suprema que, además, vulnera lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 - de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado - que establece la autonomía del delito de lavado de activos. 

Además, tiene respaldo en la opinión emitida por la titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, Bersabeth Revilla Corrales, quien solicitó ratificar la validez del primer párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, que establece que no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias que dieron origen al delito de lavado de activos, hayan sido descubiertas o se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria.

 (Foto referencial, Internet)

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